Álvaro Morales
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó ayer el estudio realizado por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para justificar la expedición del Decreto por el que se pretende declarar área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna Bajos de Coyula II, una superficie de más de 2 mil 809 hectáreas en el Municipio de Santa María Huatulco, en Oaxaca.
documentos podrán ser revisados en el transcurso de los siguientes 30 días naturales, con el objetivo de que las partes interesadas e involucradas en tal acción puedan controvertir el proyecto.
En una publicación fechada el dos de agosto de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se precisó que el estudio puede ser consultado en las oficinas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de esta Secretaría, en la Ciudad de México; en la oficina de la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en la oficina de la Dirección del Parque Nacional Huatulco, ubicada en boulevard Chahué, manzana 19, lote 5, sector H, La Crucecita planta baja, edificio federal, en Santa María Huatulco, Oaxaca.
Asimismo, puede ser consultada en la Oficina de Representación de la Semarnat en Oaxaca, en calle Sabinos 402, colonia Reforma.
“El estudio a que se hace mención en el primer párrafo queda a disposición por un término de treinta días naturales, contados a partir del día de la publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación, para opinión del gobierno del estado de Oaxaca y del gobierno del municipio de Santa María Huatulco, en cuyas circunscripciones territoriales se localiza la propuesta del área de protección de flora y fauna de que se trata”, refiere el anuncio.
Asimismo, estará a disposición de “las dependencias de la Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones, así como de las organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas físicas o morales, universidades, centros de investigación, instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado, interesados en el establecimiento, administración y vigilancia del área natural protegida de referencia”.
