Luis Ignacio Velásquez
Frente a la eventual desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el gobierno del estado revisa la situación jurídica de los terrenos a su cargo en Bahías de Huatulco, a fin de evitar su apropiación ilegal por parte de integrantes del denominado Cártel del Despojo, anunció el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.
En conferencia de prensa en palacio de gobierno, manifestó que ya se instalaron mesas de trabajo con Fonatur y durante sus actividades han detectado algunos temas de corrupción de bienes inmueble valuados en millones de dólares, que de manera misteriosa hoy aparecen a nombre de algunas empresas que tienen nexos directos con ex funcionarios del gobierno anterior.
Destacó que a estos bienes inmuebles de manera incorrecta les fueron quitadas las reservas de dominio, por personas que ya no tenían facultades para hacerlo al momento que enajenaron estos bienes.
“Desde luego que nosotros, como gobierno del estado, estamos interesados en apoyar a la federación para que sean recuperados de inmediato, porque serán parte del patrimonio de los oaxaqueños, pues no podemos permitir que, por actos de corrupción, por personas que firmaron documentación que no tenían facultades para hacerlo, de repente queden estos patrimonios, específicamente los polígonos 2 y tres de Marina Chahué, en manos de personas ligados a ex funcionarios estatales”.
Señaló que además de estos predios han detectado que áreas verdes de conjuntos habitacionales fueron vendidos también por personas que han identificado como integrantes del Cártel del Despojo. “Hoy aparecen algunos funcionarios en este tipo de actos traslativos de dominio que enajenaron bienes que pertenecían a Fonatur y estaban reservados a áreas verdes en las zonas habitacionales”.
Dijo que han seguido las instrucciones del gobernador Salomón Jara Cruz y está acción que ha ordenado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de ir saneando todo lo que se va a tener que recibir el gobierno estatal.
Vásquez Sagrero agregó que en el caso del campo de golf de Tangolunda, una vez que ha sido publicado el decreto expropiatorio del presidente López Obrador para declarar esta zona como Área Natural Protegida, el reclamo del grupo empresarial que disputa su posesión quedaría sin efecto y, asimismo, pasaría al control del gobierno del estado.
Abundó que se realizan recorridos con el Ayuntamiento de Santa María Huatulco, a fin de que se mantenga la prestación de servicios de agua potable, alumbrado y recolección de basura, entre otros, a los habitantes del sitio turístico.
Pero, además, indicó, se analiza la posibilidad de que el Ayuntamiento permitan que sea el estado el que preste estos servicios y el cobro de derechos respectivos; y que Fonatur aplicará recursos, de alrededor de 120 millones de pesos, para este propósito en el próximo ejercicio fiscal, en tanto se normaliza la prestación de los mismos.