Con la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, Oaxaca se convirtió en la primera entidad del país en tipificar como delitos el desplazamiento arbitrario y la negativa a garantizar el retorno de las familias desplazadas.
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) celebró que las y los diputados del Congreso local respaldaran por unanimidad esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Salomón Jara Cruz, con el objetivo de construir un marco normativo que atienda una deuda histórica en la materia.
Aunque Oaxaca es el quinto estado en contar con legislación sobre desplazamiento forzado interno, se distingue por ser la primera entidad en elaborarla mediante un proceso de consulta inclusivo. La CADH organizó y dio seguimiento a las consultas realizadas con comunidades y autoridades indígenas, afromexicanas, agrarias, víctimas de desplazamiento y niñas, niños y adolescentes, asegurando que las voces y experiencias de los sectores afectados fueran incorporadas.
La ley protege a personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos, agrarios, disputas por recursos naturales, desastres naturales y actos de discriminación, entre otras causas.
En representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri calificó la aprobación de la ley como un paso histórico, al establecer medidas para prevenir el desplazamiento forzado y mitigar sus impactos. Destacó también las 52 reuniones de trabajo realizadas en territorio, que reflejaron las necesidades de la población a través de un proceso de consulta inédito en México, acompañado técnicamente por la ACNUR.
El proceso contó con el acompañamiento de las Secretarías de Gobierno y de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como de la Coordinación de Delegados de Paz Social.
Con esta ley, Oaxaca avanza en la construcción de paz en el territorio, colocando en el centro de las políticas públicas el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción alguna.