Congreso de Oaxaca disuelve Ayuntamiento de San Mateo Piñas tras asesinato de alcaldesa
San Mateo Piñas, Oaxaca – A más de un mes del asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó este miércoles la desaparición del Ayuntamiento Constitucional electo para el periodo 2023-2025.
García Soto fue ejecutada el pasado 15 de junio por un grupo armado que irrumpió violentamente en el Palacio Municipal. En el ataque también fue asesinado Gregorio García Ruiz, representante de la comunidad de Agua Caliente. El atentado duró apenas seis minutos, y hasta la fecha no hay detenidos.
Tras la renuncia de los integrantes del Cabildo y conforme a la Ley Orgánica Municipal, corresponde al gobernador Salomón Jara designar a un comisionado municipal que concluya la administración.
Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cinco encapuchados con armas de alto calibre (AK-47 y AR-15) perpetraron el atentado. Se contabilizaron al menos 60 casquillos percutidos.
Cinco líneas de investigación
La FGEO ha abierto cinco líneas de investigación, todas relacionadas con conflictos administrativos y denuncias hechas por la propia alcaldesa:
- Desvío de recursos por 25 millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el huracán Agatha (2022), durante la gestión de Tomás Victorio García.
- Robo de 132 mil pesos del erario municipal, destinados a un comedor escolar en la comunidad Loma Cruz. El presunto responsable, Aldo Silva García, enfrenta una audiencia el 26 de agosto.
- Cobros ilegales por tránsito de madera, los cuales la alcaldesa se negó a permitir, generando tensiones con grupos locales.
- Falsificación de su firma en documentos oficiales y movimientos financieros irregulares. El extesorero es señalado.
- Conflictos post-electorales derivados de las disputas entre grupos por el control político local.
García Soto fue la primera mujer en gobernar San Mateo Piñas, comunidad que se rige por sistemas normativos indígenas. Su elección en 2022 estuvo marcada por tensiones internas que aún persisten.
El caso ha sido considerado un crimen político con alto impacto simbólico en el contexto de violencia contra autoridades municipales en Oaxaca, una de las entidades con mayor número de agresiones a funcionarios locales.