Luis Ignacio Velásquez
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Consejería Jurídica y Asistencia Legal colaboran en el litigio que se mantiene con una empresa del grupo Salinas Pliego por la ampliación de la concesión del campo de golf Tangolunda donde, al igual que en los polígonos 1 y 3 de Bahías de Huatulco, intervinieron ex funcionarios de Fonatur para favorecer a empresarios, reconoció el consejero Geovany Vázquez Sagrero.
Expresó que en el caso del campo de golf de Tangolunda ya había concluido el tiempo de uso del predio a favor de la empresa privada, “pero cuando empiezan los requerimientos para entregar el predio se presenta un documento de un funcionario de Fonatur, donde se extiende por otro periodo igual el uso de ese espacio”.
Dijo que, sin embargo, en el análisis del caso detectaron que el ahora ex funcionario de Fonatur no tenía facultades para suscribir un documento de ese tipo.
“Hoy (ayer) ya se ha publicado un decreto presidencial expropiatorio del campo de golf, a fin de que se convierta en Reserva Natural Protegida, pero aún está en litigio por la extensión de la concesión hecha al grupo empresarial”.
Comentó que el litigio es federal, pero como todos los actos registrales se hacen con el gobierno del estado, con Catastro y el Instituto de la Función Registral, el gobierno estatal colabora con Fonatur en el tema.
“La instrucción del gobernador Salomón Jara Cruz, en estos trabajos de coordinación y colaboración, es que todo este tipo de asuntos se revisen con mucha cautela; hoy estamos en una colaboración, en estos días se generarán certificados de propiedad y libertad de gravamen de algunos polígonos de Fonatur que tendrán que ser entregados previo a la recepción como gobierno del estado”.
Recordó que en el caso del intento de despojo de 8 hectáreas del polígono 2 y 3 de Bahías de Huatulco intervino un ex funcionario del Fonatur a favor de una empresa privada.
“En este caso, se levantó la reserva de dominio pidiendo al registrador que le hiciera el registro a favor de esta empresa, pero la persona que levanta la reserva era un ex funcionario de Fonatur que ya no tenía facultades para realizar este tipo de actos”.
Manifestó que por ello la consejería del estado lleva a cabo la revisión oficiosa del acto administrativo a fin de emplazar a la empresa para que expliquen lo que a su derecho convenga.