Prohibición de castigos corporales y humillantes a niñas, niños y adolescentes, contribuye con crianza positiva: DDHPO

La violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) es un problema de dimensiones amplias en México.  De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes en el país, han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros.

Ante ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reconoció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las Reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, que explícitamente prohíben a padres, madres y tutores el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario.

Para el organismo autónomo, desnormalizar la violencia contra niños, niñas y adolescentes es fundamental y pasa por el acto simbólico y legal, de dejar de considerarlos como posesiones de terceras personas y asumirlos como personas plenas de derechos.

De tal forma que las modificaciones legales efectuadas por las cámaras de Diputados y Senadores, que hacen prohibitivos los castigos corporales y/o humillantes como pellizcos, mordidas, quemaduras y la ridiculización, contribuyen con el interés superior de la niñez.

Las Reformas establecen que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, atención, educación, cuidado y disciplina por parte de su madre, padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia, custodia y crianza, así como de los encargados y personal de las instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, asistencia social, cuidado, correctivas o de cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a éstos el uso del castigo corporal ni el trato humillante.

La DDHPO sostuvo que estas reformas alientan la crianza positiva de niñas, niños y adolescentes, lo que a su vez implica una transformación de las relaciones de poder desde la familia y favorecen a garantizar su titularidad como sujetos de derecho, lo que permite abatir estereotipos y estigmas que contribuyen al ejercicio de violencia contra ellos y ellas.

Sin embargo, para la DDHPO, la prohibición del castigo corporal y otros tratos crueles inhumanos o degradantes en contra de NNA requiere también de la educación de quienes se encargan de la crianza.

Las modificaciones a la ley son en sí mismas una herramienta muy poderosa, no obstante, es necesario vincularlas a la educación de personas, sobre todo de los padres, madres de familia y tutores.

El organismo autónomo informó que, en 2020, la Defensoría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes inició 43 investigaciones relacionadas con probables violaciones cometidas contra este sector de la población.

En algunos de los casos, la Defensoría solicitó la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de NNA, por violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar.

En 19 expedientes, se calificaron 37 conductas violatorias de derechos humanos, de las cuales cinco están directamente relacionadas con los derechos humanos a la integridad y a una vida libre de violencia de NNA.

Además, el área especializada emitió dos resoluciones en 2018 y 2019 al haberse acreditado tratos humillantes y castigos corporales contra dos alumnos de instituciones públicas, así como violaciones a los derechos: a la integridad personal a una vida libre de violencia, a un adecuado desarrollo físico, psicológico, moral y espiritual (holístico), así como a la educación de calidad.

La Defensoría de los Derechos Humanos reiteró que en el ejercicio de la violencia se combinan los patrones discriminatorios por edad, desigualdad y la desvalorización cultural implícita en las relaciones con los adultos por la posición de autoridad, fuerza física, capacidad y etapa de desarrollo en la que se encuentran, esto hace que niñas, niños y adolescentes sean altamente vulnerables a ser víctimas de violencia.

Ante lo cual, las modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, resultan positivas en la construcción de nuevas realidades para niñas, niños y adolescentes, a partir de un nuevo discurso que limita la actuación negativa de las personas adultas hacia la infancia.

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